El desprecio a las radios comunitarias

Estudio de 'Radio Almenara'

Hoy es el día de San Valentín, día de los enamorados, y sin duda son enamorados a la radio, aquellos que trabajan en emisoras comunitarias. Son las más próximas al oyente, pues se encargan de tratar problemas comunitarios relacionados con la cultura o la educación entre otras materias, que afectan directamente a los habitantes de un municipio. 

En España este tipo de emisoras surgió entre los últimos años de la década de los 70 y los primeros de los 80, es decir, en plena transición a la democracia. Lo hicieron aprovechando un vacío en la legislación y sin licencias para emitir. Es por ello que desde las principales emisoras del país, que sí disponen de licencias legales de emisión, se pida su cierre, campaña encabezada por reconocidos locutores como Javier González Ferrari o Luís del Olmo, aunque ellos desconocen que también poseen emisoras de las llamadas ''radios piratas''. 

En este momento la situación de las emisoras comunitarias es de una especie de alegalidad, por lo que constantemente pende un hilo sobre ellas, con amenazas de cierres y sanciones para los responsables. 

La Red de Medios Comunicados denunció ayer en un video que aún no se aplica la Ley General de la Comunicación Audiovisual, que fue aprobada por el Congreso de los Diputados en enero de 2010, y que contiene puntos a favor de estas radios:

Artículo 4: Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios tanto públicos, comerciales como comunitarios, a la existencia de una diversidad de fuentes y de contenidos y la existencia de diferentes ámbitos de cobertura. Esta prestación plural debe asegurar una comunicación audiovisual cuya programación incluya distintos géneros y atienda a los diversos intereses de la sociedad, especialmente cuando se realice a través de prestadores de titularidad pública y de servicios de comunicación sin ánimo de lucro.

Artículo 32.2: La Administración General del Estado debe garantizar en todo caso la disp.

onibilidad del dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios (Servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro).

Artículo 32.3: La prestación de este tipo de servicios requiere licencia previa. En dicho título se establecerán las condiciones que aseguren su naturaleza sin finalidad comercial, pudiendo establecerse el uso compartido de un mismo canal así como las condiciones de dicho uso. La adjudicación de la licencia lleva aparejada la concesión de uso privativo del dominio público radioeléctrico disponible para la prestación del servicio.

Lo que también ocurre es que esa ley de 2010, que aún no se ha puesto en marcha, también incluye artículos que perjudican al sector:

Artículo 32.1: En todo caso, dichos contenidos se emitirán en abierto y sin ningún tipo de comunicación audiovisual comercial.

Artículo 32.4: Las entidades prestadoras de estos servicios deberán justificar la procedencia de sus fondos, así como el desglose de gastos e ingresos, si los hubiere. La autoridad audiovisual establecerá un sistema de evaluación de gestión financiera y un registro específico para el depósito de su memoria económica. Sus gastos de explotación anuales no podrán ser superiores a 100.000 euros en el caso de la televisión, y de 50.000 euros en el caso de la radio. En palabras de Míriam Meda, coordinadora General de la ReMC, no tiene sentido que se limite el presupuesto a una actividad privada, máxime cuando la Ley Orgánica del Derecho de Asociación, por la que se rige hasta ahora el sector, no incluye tal límite.

Artículo 32.5: Las entidades titulares de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro deberán acreditar el pago de cuantos derechos, cánones o tasas se deriven de su actividad.

Y el sector de las radios comunitarias involucra actualmente en nuestro país a unas 5.000 personas, que sortean habitualmente este tipo de dificultades, que encuentran a la hora de prestar su voz y su talento a una radio comunitaria.

Lo que se pide es que se fomenten medidas de apoyo a la radio comunitaria, algo que sí ocurre en otros países como Reino Unido. Es decir, que la radio comunitaria deje de ser un estigma, y entre dentro de la familia de la radio, a la que ya pertenece como miembro oficioso.